Guatemala, 2 de octubre de 2025
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) culminó el curso y certificación para Asesores Jurídicos del Organismo Ejecutivo el 2 de octubre de 2025, evento que reunió a profesionales del sector público para fortalecer sus conocimientos y competencias jurídicas en beneficio de la gestión pública.
Este programa formativo, que se desarrolló del 3 de abril al 25 de septiembre de 2025, contó con la participación de 60 personas, de las cuales el 68% aprobaron la evaluación de certificación.
El curso fue diseñado con el propósito de fortalecer las competencias del equipo de especialistas legales del Ejecutivo, brindándoles herramientas técnicas y éticas que fortalezcan su desempeño en la gestión pública.
Así mismo, la iniciativa buscó abordar los desafíos específicos del ejercicio de las funciones legales dentro de las instituciones del Estado, impulsando un desarrollo profesional integral que contribuya a mejorar la calidad de los servicios públicos.
Durante su desarrollo, los participantes adquirieron habilidades para la elaboración de dictámenes jurídicos, la gestión de conflictos y la aplicación de estrategias legales en procedimientos administrativos, aspectos que resultan esenciales para garantizar la toma de decisiones fundamentadas en la legalidad, la justicia y la transparencia.
En esta edición, se contó con la representación de los ministerios: Economía, Ambiente y Recursos Naturales, Salud Pública y Asistencia Social, Defensa Nacional, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Educación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Energía y Minas, Finanzas Públicas, Relaciones Exteriores y, Trabajo y Previsión Social.
Así como las secretarías: General de la Presidencia de la República, de Bienestar Social de la Presidencia, de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia; Oficina Nacional de Servicio Civil, Instituto Guatemalteco de Migración y el propio Instituto Nacional de Administración Pública.
De esta manera, el INAP reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia y el Estado de Derecho en Guatemala.